La reforma tributaria 2021, mas garrote que zanahoria

Para empezar lo que se comenta como la reforma tributaria del presente gobierno se radicó en el Congreso bajo el siguiente titulo: "Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones"

En efecto el proyecto de ley en sus 110 páginas y 163 artículos tiene zanahoria y garrote a la vez, pues la primera parte- la zanahoria- convierte en permanente las subvenciones o subsidio que ha venido ofreciendo a los mas vulnerables a través de programas como Ingreso Solidario al que eleva a la categoría de Renta Básica que tanto se venía pidiendo, apoyo para la generación o creación de nuevos empleos, especialmente para jóvenes menores de 28 años, para mas mujeres mayores de 40 años y para todas las personas que ya están próximos a la edad de pensionarse, pero que han hecho todas las cuentas y no lo lograran pensionarse- este apoyo es básicamente para las empresas porque los exígeme de pagar la seguridad social (Salud, pensión y caja de compensación) en un período de cinco años a partir de la aprobación de la ley, amplia la vigencia temporal del Programa de Apoyo al empleo formal (PAEF), el programa Generación E, la promoción a la educación superior que consiste en el pago de las matriculas para los alumnos de los estratos 1,2,3 que estudian en las Universidades públicas y el apoyo a la cultura, aumentando los recursos para el fondo para el Desarrollo Cinematográfico y los subsidios para el pago de los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuidos por red física entre otros.

La segunda parte-El garrote o los garrotazos están dirigidos a todos, con la modificación al actual Estatuto Tributario ampliando la base gravable del Impuesto al Valor Agregado-IVA a productos de la canasta familiar, a los insumos agrícolas y a los servicios públicos a partir del estrato 4 en adelante.

No siendo suficiente con lo anterior propone un incremento en el costo de los combustibles, se crea el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes y el impuesto al carbono (es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión).

Como para distraer que la cuestión es con todos se gravan las altas pensiones, se congelan los salarios de los funcionarios del Estado y se baja la base para declarar renta. Además pide facultades extraordinarias para que el presidente reestructure algunas entidades del Estado, es decir para suprimirlas o fusionarlas.

Con esta ley el Gobierno espera recaudar 23 Billones de pesos, equivalentes a 6.300 millones de dólares, para tapar el hueco fiscal que tiene el Estado, que el actual gobierno le atribuye a los efectos de la Pandemia por el Covid 19, pero no menciona los efectos por la pérdida de valor del peso Colombiano y un sobrendeudamiento que se genera por la tasa cambiaria. Es decir gran parte de estos recursos se van es para pagar deuda externa y para sostener el gasto militar.

Lo que indigna es que esos recursos tengan que salir principalmente del bolsillo de los mas pobres y no se exploren otras alternativas mas sencillas y menos dolorosas, como sería quitar las grandes exenciones a las multinacionales, al sector financiero que ha sido el mas beneficiado con las acciones del gobierno y no se mencione tampoco una lucha frontal contra la corrupción que según informes de la misma Contraloría General de la República calculó en el año 2016 que los corruptos se llevan anualmente a sus bolsillo unos 50 billones de pesos.

Aplicando la lógica sencilla, se podría decir que buena parte de esos recaudos se los llevaría también la corrupción y ese es el temor y la desconfianza de los ciudadanos, dado que durante los últimos períodos de gobierno se han pedido esfuerzos como estos, pero sus acciones y ejecutorias no han tenido efectos significativos en la situación problemática para los cuales se solicitan.

En resumen, no se necesita ser un gurú de las finanzas públicas para concluir que si se fija una meta de bajar los niveles de corrupción a un 50% tendríamos esos recursos sin sacrificar a los más débiles.